La salud sexual de una comunidad solamente puede ser conseguida y mantenida a través de articulación de esfuerzos de los individuos, familias y grupos que la conforman con las acciones que realizan otros sectores, como por ejemplo el sector gubernamental.

Las iniciativas y programas emprendidos por grupos religiosos, el sector privado, las asociaciones profesionales y entes gubernamentales —entre otros— pueden ser muy exitosas si se diseñan y ejecutan de manera coordinada y organizada y con la completa participación de la comunidad.

Para lograr coordinación, organización y participación es necesario contar con una conducción basada en experiencia, capacidad y credibilidad pública. En este sentido, el rol del sector salud es indiscutible, no sólo porque en la sociedad se la ha asignado una función normativa y de orientación de las acciones de promoción de la salud y de la provisión de servicios de atención integral, sino también porque tiene la responsabilidad primaria por la implementación de dichas acciones, aún cuando exista el concurso de otros muy variados sectores y actores.

Además el sector salud es el custodio de información crítica con la que se construyen argumentos contundentes para persuadir, definir líneas de acción y evaluar las repercusiones de la acción o la omisión. Los problemas de salud sexual que aquejan a los pueblos en la Región de las Américas se acentúan en los grupos que por razones históricas, culturales, económicas se encuentran en situación de desventaja.